ENLACE CONTINENTAL DE MUJERES INDÍGENAS REGIÓN SUDAMÉRICA

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Carta pública.A las autoridades políticas del Perú ante el paro de los pueblos indígenas amazónicos.

Lima, 13 de mayo del 2009
Señores / a.

Alan García Pérez, presidente de la República del Perú.
Javier Velásquez Quesquén, presidente del Congreso del Perú.
Yehude Simon Munaro, presidente del Consejo de Ministros.
Antonio Brack Egg, ministro del Medio Ambiente.
Róger Nájar Kokally, presidente de la Comisión de Asuntos Andinos, Amazónicos y Afrodescendientes del Congreso del Perú.
Carmen Vildoso Chirinos, ministra de la Mujer y Desarrollo Social.


Distinguidos señores / a:

El Enlace Continental de Mujeres Indígenas Región Sudamérica manifiesta su profunda preocupación ante los hechos de violencia suscitados durante el paro que llevan a cabo los pueblos indígenas de la amazonía peruana por la defensa de sus derechos territoriales, quienes han recurrido a esta medida de presión para que el Estado derogue decretos legislativos que atentan contra sus vidas y su pervivencia como pueblos y ciudadanos / as sujetos de derechos plenos, garantizados en la actual Constitución Política del Perú.

El Convenio No 169 de la OIT, ratificado por el Estado Peruano y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas son instrumentos de derecho internacional que amparan este pedido, así como, la Declaración Universal de Derechos Humanos.

Somos testigos del rol que el Estado Peruano ha jugado reconociendo las tierras indígenas como inalienables, imprescriptibles e inembargables en la Constitución de 1979, que fue elaborada y firmada por el “líder histórico” del partido del gobierno actual. Igualmente recordamos que dicha carta magna sindica que todos tienen el derecho de habitar en un ambiente saludable, ecológicamente equilibrado y adecuado para el desarrollo de la vida, siendo hoy obligación del Estado el prevenir las causas que producen el cambio climático que preocupa al mundo entero.

En un proceso de más de 30 años de diálogo y negociación entre los Estados y los pueblos indígenas en las Naciones Unidas hemos logrado instrumentos internacionales que reconocen nuestro derecho a la libre determinación y a la consulta previa, libre e informada sobre asuntos que involucran nuestras vidas y el destino de nuestros recursos y territorios. Siendo el Perú un Estado miembro de la ONU, es su deber el respetar, implementar y velar por el cumplimiento de estos instrumentos, los mismos que son tomados en cuenta incluso por el Banco Mundial y el BID en el diseño e implementación de sus políticas, donde están incluyendo a representantes indígenas.

El Estado Colombiano, como ejemplo en nuestra sub región acaba de adherirse unilateralmente a la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas siendo un estado que manifestó su oposición en su proceso de elaboración.

Los recursos agrícolas, mineros, petroleros, madereros y medicinales de los pueblos indígenas, así como sus conocimientos tradicionales sobre los mismos, son un aporte al desarrollo del país y el bienestar de sus ciudadanos / as y han sido utilizados por siglos sin objeción alguna por parte de nuestros pueblos. Bajo esta premisa consideramos que el Estado Peruano tiene también la obligación de proteger y defender dichos recursos junto con sus poseedores.

Por todo ello, jamás podremos aceptar ser excluidos / as en las decisiones que se tomen sobre el destino de los recursos que se encuentran en nuestros territorios que han sido preservados por nuestros antepasados desde hace siglos, siendo un derecho irrenunciable velar por la continuidad de este legado a fin de asegurar a las nuevas generaciones un futuro con dignidad y plenos derechos.

Por todo ello, señores responsables de las decisiones políticas en el Perú:

Instamos a respetar el derecho al consentimiento, previo, libre e informado de los pueblos indígenas sobre los asuntos que involucran su vida, sus territorios y recursos.
Pedimos respetar el derecho al diálogo, instalando los medios y mecanismos apropiados para evitar conflictos y enfrentamientos que degeneren en actos de violencia contra los pueblos indígenas del Perú.
Los años invertidos por los Estados y pueblos indígenas en la elaboración de los instrumentos de derecho internacional deben llevar a ambas partes a formular e implementar políticas para los pueblos indígenas que aseguren sus derechos, dignidad y existencia dentro de un Estado del cual formamos parte.

Nos adherimos a todas las declaraciones que contribuyan a la instauración del diálogo y la garantía por la vida de nuestros hermanos y hermanas de la amazonía peruana.
Finalmente hacemos un llamado a los organismos e instancias de las Naciones Unidas, tales como la Relatoría Especial de las Naciones Unidas sobre la situación de los derechos humanos y el Foro Permanente para Asuntos Indígenas de la ONU, a actuar como mediadores para la construcción de espacios de diálogo y resolución de este conflicto.

Haciendo votos para que la serenidad, claridad y sabiduría los guíen a tomar las mejores decisiones nos suscribimos de ustedes.

Atentamente,

Tarcila Rivera Zea
Coordinación Enlace Continental de Mujeres Indígenas Región Sudamérica